Defensa penal en lavado de activos

• Citación o investigación penal relacionada con operaciones financieras.
• Formalización o audiencia próxima: evaluación de antecedentes y preparación de la defensa.
• Incautación de bienes o medidas cautelares patrimoniales: revisión de la resolución, sus fundamentos y vías de impugnación.
• Investigación que involucra a una empresa, sus representantes o terceros: análisis separado de responsabilidades y conflictos de interés.

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• Identifique las operaciones, bienes o fondos cuestionados y los períodos a los que corresponden.
• Prepare un índice de contratos, comprobantes de pago y registros que respaldan las operaciones.
• Indique si existen incautaciones, inmovilizaciones u otras medidas y qué personas o empresas resultan afectadas.

En el primer contacto basta con describir la situación y los plazos. Antes de remitir antecedentes sensibles, acuerde con el estudio el canal adecuado. El alcance de la representación y los honorarios se acuerdan después de revisar la situación. Solicitar evaluación de mi caso →.

El lavado de activos consiste en encubrir la procedencia delictiva de dinero o bienes para que parezcan obtenidos legalmente. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) explica que puede involucrar el ocultamiento de su origen, ubicación, titularidad o control. La expresión habitual lavado de dinero alude a este fenómeno, aunque los activos también pueden incluir otros bienes.

En Chile, los delitos que pueden generar esos activos —llamados delitos base o precedentes— están enumerados en el artículo 27 de la Ley N° 19.913. La UAF señala que el fenómeno puede vincularse con distintos delitos, como el narcotráfico, el cohecho o la malversación de fondos públicos.

Colocación, estratificación e integración

La UAF describe tres etapas para explicar el proceso: colocación, cuando los recursos ilícitos ingresan al sistema financiero; estratificación, mediante operaciones que dificultan seguir su procedencia; e integración, cuando vuelven a la economía con apariencia legítima. Esta explicación ayuda a comprender el fenómeno; el análisis jurídico de una investigación exige revisar los hechos y la conducta atribuida.

Señales de alerta y tipologías: referencias de la UAF

Las guías de señales de alerta de la UAF reúnen comportamientos y características de operaciones que pueden ayudar a detectar situaciones sospechosas. Sus informes de tipologías estudian casos a partir de sentencias condenatorias de tribunales chilenos. Son fuentes para comprender riesgos y patrones, que deben analizarse en el contexto de cada situación.

Si necesita un abogado de lavado de activos en Chile, atendemos desde Iquique a personas y empresas de todo el país. Revisamos los antecedentes de la investigación, el origen documentado de los fondos y las medidas patrimoniales. Puede consultar cómo intervenimos o solicitar una evaluación de su caso.

Fuentes UAF consultadas el 12 de noviembre de 2026.

La Ley N° 19.913 crea la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Su artículo 27 tipifica el lavado de activos y enumera los delitos base o precedentes de los que pueden provenir los bienes. Distingue la ocultación o disimulación del origen ilícito o de los bienes, con conocimiento de su procedencia, de la adquisición, posesión, tenencia o uso con ánimo de lucro y conocimiento del origen al recibirlos. También contempla el desconocimiento por negligencia inexcusable.

Revisión normativa: 11 de noviembre de 2026, sobre el texto vigente de la Ley N° 19.913, cuya última modificación general es de 30 de mayo de 2026. La ley aplicable a cada caso debe determinarse según la fecha de los hechos y las reglas de aplicación temporal.

El deber de informar operaciones sospechosas está establecido en el artículo 3º de la misma ley, que enumera taxativamente a los sujetos obligados. El catálogo no comprende a los abogados ni a los contadores por su sola profesión: el deber alcanza a quienes la disposición menciona —entre ellos bancos e instituciones financieras, casas de cambio, corredores de bolsa, notarios, conservadores, casinos, agentes de aduana y los usuarios y sociedades administradoras de zonas francas—, y a los órganos de la Administración del Estado respecto de las operaciones que adviertan en el ejercicio de sus funciones.

Cabe considerar, además, las disposiciones de la Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos en cuanto introducen modificaciones sistémicas al régimen sancionatorio y al decomiso, y la coordinación con la Ley N° 20.393 cuando el imputado es una persona jurídica.

El inciso primero del artículo 27 castiga ambas modalidades —la de la letra a), ocultar o disimular el origen ilícito, y la de la letra b), adquirir, poseer, tener o usar los bienes con ánimo de lucro— con presidio mayor en sus grados mínimo a medio, esto es, de cinco años y un día a quince años, y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales. La misma pena se aplica cuando los bienes provienen de un hecho realizado en el extranjero, siempre que sea punible en su lugar de comisión y constituya en Chile alguno de los delitos de la letra a).

Sobre ese marco operan tres reglas que la defensa debe fijar desde el primer día:

• Rebaja por negligencia inexcusable. Si el autor no conoció el origen de los bienes por negligencia inexcusable, la pena privativa de libertad se rebaja en dos grados.
• Tope por la pena del delito base. El inciso final del artículo 27 dispone que la pena privativa de libertad de las letras a) y b) no podrá exceder la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes. Es un límite de frecuente desatención y de efecto inmediato en la determinación concreta.
• Asociación para el lavado. El artículo 28 sanciona por el solo hecho de asociarse u organizarse con ese objeto: presidio mayor en su grado medio a quien financie, ejerza el mando o la dirección, o planifique; presidio mayor en su grado mínimo a quien suministre medios o colabore de otra forma. Si la asociación se formó a través de una persona jurídica, se impone además su disolución o la cancelación de la personalidad jurídica como consecuencia accesoria.

¿Cuándo constituye delito económico? El artículo 4 de la Ley N° 21.595 distingue tres supuestos para los hechos de los que proceden los bienes:

1. Que sean considerados delitos económicos conforme al artículo 1.
2. Que sean considerados delitos económicos conforme a los artículos 2 o 3.
3. Que sean constitutivos de alguno de los delitos señalados en los artículos 2 o 3 y que el lavado se perpetre en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o en beneficio económico o de otra naturaleza para ella.

En el tercer supuesto, la vinculación empresarial se exige respecto del lavado, y no necesariamente del delito precedente. La aplicación del régimen de penas y comiso exige revisar también las demás condiciones y excepciones legales, incluida la del artículo 6 para micro y pequeñas empresas en los casos que contempla.

Fuente: Ley N° 21.595, artículos 4 a 6. Explicación actualizada el 15 de noviembre de 2026.

Antes de enumerar las fuentes probatorias conviene fijar el estatuto que las habilita, porque es el dato que con más frecuencia se desconoce. El artículo 33 de la Ley N° 19.913 declara aplicables a los delitos de los artículos 27 y 28 todas las normas de la Ley N° 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes en cuatro materias. En lo investigativo, ello comprende el levantamiento del secreto bancario, la facultad del Ministerio Público de actuar fuera del territorio nacional o sin conocimiento previo del afectado, la cooperación internacional, las técnicas especiales —entrega u operación vigilada, agentes encubiertos e informantes, interceptación de comunicaciones y demás medios técnicos— y la protección de quienes colaboran, con reserva de identidad, cambio de identidad, secreto de actuaciones y testimonio anticipado. En materia cautelar, admite disponer medidas sin comunicación previa al afectado.

Estas técnicas están sujetas a sus presupuestos legales y a las autorizaciones y controles judiciales que correspondan. Antes de una declaración conviene conocer la calidad en que se cita a la persona, el alcance de la diligencia y sus derechos.

Sobre esa base, las investigaciones se construyen sobre cinco fuentes probatorias principales:

1. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Enviados por los sujetos obligados a la UAF para su análisis. Si se detectan indicios de delito en los términos legales, los antecedentes se remiten al Ministerio Público; esa derivación no es automática por cada ROS.
2. Levantamiento del secreto bancario Ordenado por el Juzgado de Garantía competente.
3. Pericias contables y financieras Sobre la trazabilidad de los flujos.
4. Diligencias intrusivas Incautaciones, registros e intervención de comunicaciones, según sus requisitos legales. La cooperación internacional y el intercambio de inteligencia financiera tienen sus propios canales y no sustituyen las autorizaciones judiciales exigibles.
5. Declaraciones De imputados, testigos y peritos.

La remisión del artículo 33 no se agota en la investigación: su letra d) alcanza el juzgamiento y el cumplimiento de la sentencia, con agravantes especiales, improcedencia de la atenuante del artículo 11 N° 7 del Código Penal, reglas sobre consumación y punibilidad de la conspiración, improcedencia de la reclusión nocturna y de la libertad vigilada, sustitución de la multa por pena privativa de libertad, determinación de la reincidencia, procedencia y alcance del comiso, y extradición aun sin reciprocidad o tratado. Su letra b) contempla además inhabilidades de abogados, pero solo cuando el hecho base está castigado en las leyes N° 20.000 o N° 21.732 —por la remisión de su artículo 26—, en el artículo 10 de la Ley N° 17.798, o en los artículos 141, 142 y 411 bis a 411 quinquies del Código Penal.

Cabe advertir que, en esta categoría de delitos, la defensa eficaz exige presencia técnica desde la primera diligencia investigativa, pues las decisiones que se adopten en las primeras semanas —congelamientos, medidas cautelares reales, prohibiciones de informar— condicionan estructuralmente el desarrollo posterior del proceso.

Un sujeto obligado es una persona o entidad comprendida en el artículo 3 de la Ley N° 19.913 que debe informar las operaciones sospechosas detectadas en su actividad. Entre ellas están bancos, casas de cambio, notarios y determinadas actividades inmobiliarias y financieras. En Tarapacá son especialmente relevantes los agentes de aduana y las sociedades administradoras y usuarios de zonas francas. La obligación depende de la actividad y del supuesto legal aplicable, no de pertenecer genéricamente al mundo empresarial.

Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) aportan información a la UAF para su análisis de inteligencia financiera. La sospecha puede relacionarse con operaciones inusuales, sin justificación económica o jurídica aparente, con el financiamiento del terrorismo o con los supuestos legales vinculados a listas de Naciones Unidas. El sujeto obligado no necesita acreditar previamente un delito para reportar.

Un ROS no equivale por sí solo a una denuncia ni a una imputación penal. Su envío, análisis y eventual derivación son confidenciales. La UAF analiza los antecedentes y, cuando concurren los indicios previstos en la ley, los remite al Ministerio Público. La investigación penal corresponde a este último.

Para los sujetos privados alcanzados por estas obligaciones, el cumplimiento comprende la designación de un responsable, la conservación de registros y los reportes exigibles. El régimen de los órganos públicos tiene excepciones expresas en el artículo 3. El porte transfronterizo de efectivo o instrumentos negociables al portador por más de USD 10.000, o su equivalente, se informa a Aduanas conforme al artículo 4; no debe confundirse con un ROS.

La defensa debe distinguir el procedimiento administrativo sancionador de la UAF de una investigación penal por lavado. En ambos casos revisamos el fundamento del requerimiento, la documentación disponible y los deberes de reserva, incluida la prohibición de revelar al afectado el envío o requerimiento de información en los supuestos del artículo 6.

Fuentes oficiales: quiénes deben reportar a la UAF y orientaciones sobre el ROS.

El lavado de activos figura entre los delitos base de la responsabilidad penal de la persona jurídica conforme a la Ley N° 20.393. En consecuencia, cuando la imputación recae sobre una empresa, la defensa exige un trabajo paralelo de:

• Auditoría del modelo de prevención del delito vigente al momento del hecho.
• Examen de la implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención y de si una deficiencia favoreció o facilitó el hecho, conforme al artículo 3 de la Ley N° 20.393.
• Corrección de deficiencias del modelo, sin atribuir a mejoras posteriores un efecto automático sobre hechos anteriores.
• Evaluación de la procedencia de una imputación al órgano de administración por infracción de deberes propios.

Nuestra metodología integra esta defensa corporativa con la defensa individual de los ejecutivos, evitando antagonismos defensivos cuando ello es jurídicamente posible.

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