Narcotráfico y comiso: persecución patrimonial en la macrozona norte

La interrogante acerca de si basta con seguir incautando droga y publicando los kilos decomisados, sin desmantelar la arquitectura operativa y financiera de la organización criminal, constituye una de las preguntas centrales de la política criminal contemporánea. Del examen de los antecedentes oficiales surge una respuesta negativa: la incautación de sustancias, por elevada que sea su cuantía, constituye un indicador de actividad policial y no de afectación a la capacidad de la organización criminal. Mide el flujo interceptado, no la desarticulación de la estructura. Mientras la afectación patrimonial se mantenga en niveles residuales respecto de las utilidades del negocio ilícito, la organización se recompone con relativa facilidad, porque pierde mercancía y operadores de reemplazo, pero conserva intacta su columna vertebral: el capital, los testaferros, las sociedades instrumentales y las redes de blanqueo.

Este análisis examina desde la política criminal y el derecho penal económico si la estrategia chilena de combate al narcotráfico —centrada en la incautación de sustancias y en la difusión pública del kilaje decomisado— resulta suficiente para desmantelar la estructura operativa y financiera de las organizaciones criminales. Del contraste entre los balances operativos de Carabineros, el Informe de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, los datos de la Unidad de Análisis Financiero y la evidencia internacional del Índice Global de Crimen Organizado, se constata una asimetría estructural entre la magnitud del decomiso de droga y la escasa afectación efectiva del patrimonio criminal. El caso «Operación Tokio» ilustra la penetración del sistema bancario formal y la insuficiencia del frente financiero. Se concluye que la métrica del kilo mide la actividad del Estado, no su eficacia en la desarticulación estructural, y se proponen mejoras orientadas a la persecución patrimonial paralela, a la activación del comiso ampliado y sin condena, y a la integración interinstitucional de la inteligencia financiera, con especial énfasis en la macrozona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) como principal corredor de ingreso.

Resulta particularmente relevante contrastar esa afectación con la dimensión real del negocio. Un estudio de la Fiscalía de Antofagasta proyectó que en 2025 el crimen organizado generaría utilidades netas del orden de 4.000 millones de dólares en Chile, en un negocio cuyo margen fluctúa entre el 30 % y el 40 % de lo invertido. Del examen comparativo se desprende una asimetría estructural difícil de exagerar: la afectación patrimonial efectiva equivale a una fracción ínfima —del orden del 0,3 %— de las ganancias estimadas del fenómeno.

Esta asimetría se corrobora, además, desde el ángulo de la recuperación patrimonial efectiva por la vía de condenas por lavado de activos. Según la Unidad de Análisis Financiero, entre 2007 y 2024 los tribunales dictaron solo 383 sentencias condenatorias por ese delito, que involucran a 750 personas en dieciocho años, con un impacto acumulado —multas y decomisos— de unos 56.024 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 56,5 millones de dólares; el 84,3 % de esas condenas se obtuvo mediante procedimiento abreviado. De lo anterior se desprende que el Estado intercepta mercancía y captura eslabones de reemplazo, pero deja sustancialmente indemne el patrimonio que da sustento y continuidad a la organización.

La evidencia internacional confirma que el esfuerzo incautatorio no ha contenido la consolidación del fenómeno. Conforme al Índice Global de Crimen Organizado de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la puntuación de criminalidad de Chile se deterioró de manera sostenida, pasando de 4,6 en 2021 a 5,18 en 2023 y a 5,48 en 2025, principalmente por la irrupción y consolidación de organizaciones transnacionales, mientras la dimensión de resiliencia institucional permaneció sin mejoras significativas. Que las incautaciones batan récords mientras el índice de criminalidad sigue al alza es, en sí mismo, la demostración de que ambos planos se encuentran desacoplados.

La asimetría identificada reviste especial gravedad en el extremo norte del país. Del examen de los indicadores disponibles se desprende que, si bien en frecuencia absoluta las comunas con mayor registro de delitos asociados al crimen organizado son metropolitanas y de la zona central, al ponderar el nivel de afectación por la población las comunas fronterizas del norte encabezan el ranking nacional: Colchane (Tarapacá) presenta la tasa más alta del país, seguida de General Lagos (Arica y Parinacota) y Huara (Tarapacá). El puerto de Iquique, junto con los pasos fronterizos habilitados y no habilitados, constituye un nodo crítico donde la investigación patrimonial debe ser prioritaria, sistemática y de carácter transfronterizo.

• Investigación patrimonial inmediata y obligatoria. Toda causa de tráfico que involucre rutas norteñas, volúmenes significativos o indicios de estructuración financiera debiera activar, por protocolo, una investigación patrimonial concurrente, con intervención conjunta de equipos de la ULDDECO y de analistas de la Unidad de Análisis Financiero.
• Cooperación transfronteriza operativa. Coordinación reforzada con las fiscalías de Bolivia y de Perú para la trazabilidad de capitales, identificación de testaferros y sociedades instrumentales, y ejecución de medidas cautelares reales de carácter transfronterizo.
• Monitoreo de sectores de alto riesgo. Monitoreo específico de empresas de transporte terrestre, logística portuaria, comercio exterior y operadores de contenedores en Iquique que puedan ser utilizadas como vehículos de lavado o de transporte de valores.
• Cruce intensivo de información. Uso proactivo de la información de la UAF cruzada con datos aduaneros de la Aduana de Iquique, del Servicio de Impuestos Internos y de los registros de comercio.
• Fortalecimiento de los focos regionales. Dotar a los focos investigativos regionales de la UCOD de capacidad especializada en análisis financiero para la macrozona norte.

En definitiva, los antecedentes oficiales examinados permiten sostener, con base suficiente, que no basta con seguir incautando droga ni con publicar los kilos decomisados. Tales cifras, por meritorias que sean en el plano operativo, miden la intensidad del esfuerzo, no la eficacia en la desarticulación de la estructura criminal. Mientras la afectación patrimonial sea residual frente a las utilidades del negocio, las organizaciones conservarán su capacidad de reconstitución y el Estado seguirá interviniendo sobre el síntoma —la mercancía y los eslabones reemplazables— sin alcanzar la causa: el capital y la red financiera que lo sostiene. El país dispone hoy de un marco normativo robusto —Leyes N.º 21.577, 21.595, 21.575 y 19.913— que habilita una persecución patrimonial moderna; el desafío, por tanto, ya no es principalmente legislativo, sino de ejecución, especialización, incentivos correctos y voluntad de seguir el dinero, con prioridad en la macrozona norte como principal corredor de ingreso. La línea de acción correcta es desplazar el centro de gravedad de la política pública desde el kilo incautado hacia el patrimonio decomisado y la organización efectivamente desmantelada.

• Defensa por lavado de activos y comiso para consultar el servicio en investigaciones penales y patrimoniales.
• Defensa penal económica de empresas y ejecutivos para conocer otras áreas de intervención.

Publicado originalmente por el autor en LinkedIn el 1 de julio de 2026. Ver publicación original →