Interposición de testaferros y proyección familiar del patrimonio ilícito
Análisis ampliado del primer patrón estructural del lavado de activos en Chile: el 35,1% de los condenados no dirige ni ejecuta, presta su identidad.
- Lavado de activos
- Ley N° 19.913
- Comiso
- Persecución patrimonial
Planteamiento
El presente informe desarrolla el primero de los cinco patrones estructurales identificados en el Informe N° 03/2026: la interposición de personas (testaferros) y la proyección del patrimonio ilícito hacia el núcleo familiar como arquitectura primaria de encubrimiento del lavado de activos en Chile. La tesis que se sostendrá es la siguiente: la evidencia judicial acreditada demuestra que el sujeto central de la fase económica del delito no es quien dirige la organización, sino quien presta su identidad; y que, en consecuencia, toda estrategia de persecución patrimonial que se agote en el imputado principal está estructuralmente condenada a recuperar solo una fracción del producto del delito.
Antecedentes acreditados
Del examen de las 747 personas condenadas analizadas por la UAF para el periodo 2007–2024 se desprende que 262 personas (35,1%) cumplieron el rol de testaferro, superando a los líderes u organizadores (233 personas, 31,2%) y a los brazos operativos (198 personas, 26,5%). El testaferro presenta un perfil diferenciado y consistente: participación femenina del 42,7% (la más alta de todos los roles), edad promedio de 47 años, y una huella preventiva mínima: 0,7 Reportes de Operaciones Sospechosas y 4,1 Reportes de Operaciones en Efectivo promedio por condenado, contra 2,7 ROS y 17,7 ROE de los líderes. La asimetría no es casual: la utilidad del testaferro reside precisamente en su invisibilidad transaccional.
La dimensión familiar del fenómeno está igualmente acreditada. La UAF constata que 371 condenados (49,7%) registran familiares directamente involucrados en procesos penales; que 349 condenados (46,7%) tienen familiares directos mencionados en Reportes de Operaciones Sospechosas, lo que revela la proyección de las redes patrimoniales hacia el entorno cercano; que 173 condenados (23,2%) mantienen vínculos familiares con funcionarios o exfuncionarios públicos; y que 161 (21,6%) registran familiares mencionados en prensa. En la amenaza de mayor volumen, el narcotráfico, con 338 condenados, el testaferro es además el rol predominante (139 casos, por sobre 112 líderes y 74 operadores), con marcada participación femenina (39,9% del total de esa amenaza).
El anexo casuístico 2020–2024 dota de rostro judicial al patrón. En el caso «Armas y Drogas» (RUC 1800022307-3, 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago), el líder registró vehículos y una motocicleta a nombre de terceros y utilizó las cuentas bancarias de su madre para encubrir el origen del dinero. En el caso «Los Libertadores» (RUC 2000461703-8, Juzgado de Garantía de Arica, comiso de $110.089.469), un testaferro fue empleado para ocultar al verdadero dueño de un caballo fina sangre de carrera. En «Operación Nicotina» (RUC 1901343844-K, Juzgado de Garantía de Los Andes, comiso de $87.447.004), los testaferros adquirieron vehículos e inmuebles para funcionarios que percibían pagos vinculados a contrabando. La constante es idéntica: bienes registrables de alto valor puestos a nombre de quien no ejerce control real alguno.
Encuadre normativo
El artículo 27 de la Ley N° 19.913 sanciona a quien de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, o los adquiera, posea, tenga o use con conocimiento de dicho origen. La conducta del testaferro se subsume con naturalidad en ambas hipótesis: la titularidad registral interpuesta es, en sí misma, un acto de ocultamiento del beneficiario final. A su vez, la baja exposición preventiva del testaferro impone consecuencias operativas al sistema de la propia ley: los sujetos obligados a reportar deben calibrar sus modelos de alerta no solo sobre el titular formal, sino sobre la coherencia entre el patrimonio adquirido y la capacidad económica demostrable, señal de alerta que el propio anexo casuístico consigna reiteradamente («operaciones que no se condicen con la capacidad económica y perfil del cliente»).
En el plano de la recuperación de activos, el patrón exige el empleo de las herramientas de última generación: el comiso ampliado y el comiso sin condena previa incorporados por la Ley N° 21.577, y el comiso de ganancias del régimen de la Ley N° 21.595, precisamente porque permiten alcanzar bienes formalmente radicados en patrimonios de terceros cuando su origen ilícito o su vinculación con la actividad criminal resulta acreditada. La interposición familiar deja de ser refugio cuando el objeto de la persecución es el bien y no solo la persona.
Tres conclusiones analíticas
Del cruce de los antecedentes se desprenden tres conclusiones analíticas. Primera: la estructura de roles acreditada —dirección, ejecución y encubrimiento— demuestra que el lavado no responde a acciones aisladas sino a dinámicas coordinadas, en las que el testaferro es pieza funcional insustituible; su volumen relativo (35,1%) indica que las organizaciones invierten sistemáticamente en capas de despersonalización patrimonial. Segunda: la feminización del rol de testaferro, unida a la edad promedio superior (47 años), sugiere el reclutamiento preferente dentro del círculo de confianza: cónyuges, madres, hermanas, lo que es consistente con que casi la mitad de los condenados registre familiares en causas penales o en ROS. Tercera: la invisibilidad preventiva del testaferro (0,7 ROS promedio) constata que el sistema de reportes, diseñado para detectar anomalías transaccionales, es estructuralmente ciego frente a quien exhibe poca actividad; la detección debe desplazarse, por tanto, del flujo al stock: del movimiento de dinero a la incoherencia entre patrimonio y renta.
Riesgos e implicancias estratégicas
Para la persecución penal, el riesgo central es la clausura prematura del perímetro investigativo: una investigación patrimonial que no incorpore desde su inicio al entorno familiar del imputado dejará fuera, previsiblemente, la mayor parte de los bienes. Para la defensa, el patrón impone el deber correlativo de examinar con rigor la posición de familiares formalmente titulares de bienes, cuya exposición al comiso —e incluso a imputación autónoma por el artículo 27 de la Ley N° 19.913— dependerá de la prueba del conocimiento del origen ilícito. Para los sujetos obligados, el hallazgo obliga a incorporar variables de red familiar y de coherencia patrimonial en sus matrices de riesgo, más allá del monitoreo transaccional individual.
Utilización, no reforma
En definitiva, los antecedentes permiten sostener, con base en evidencia judicial firme, que la interposición de testaferros y la proyección familiar del patrimonio constituyen la primera línea arquitectónica del lavado de activos en Chile. La unidad de análisis pertinente para la persecución patrimonial no es el individuo condenado sino su red familiar extendida; y las herramientas normativas para alcanzarla ya existen. Lo que la evidencia reclama no es reforma, sino utilización intensiva, temprana y técnicamente disciplinada de los instrumentos de comiso vigentes.
Fuentes
- Unidad de Análisis Financiero (UAF), «Caracterización de personas condenadas por lavado de activos en Chile 2007–2024».
- Unidad de Análisis Financiero (UAF), «Sentencias condenatorias por lavado de activos en Chile 2020–2024», anexo casuístico del XI Informe de Tipologías.
- Normativa: Ley N° 19.913, artículo 27; Ley N° 21.577; Ley N° 21.595.
Lectura complementaria: síntesis de los cinco patrones del lavado de activos en Chile.
Las referencias normativas deben contrastarse contra el texto vigente en LeyChile (BCN) antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.
Áreas de práctica vinculadas
- Defensa por lavado de activos y medidas patrimoniales para conocer la intervención en investigaciones por lavado.
- Defensa penal económica para revisar el alcance de la representación en delitos empresariales.
Publicado originalmente por el autor en LinkedIn el 9 de julio de 2026. Ver publicación original →