Protocolo Crisis 36 horas: respuesta penal urgente para empresas y ejecutivos
Crisis 36 horas es el protocolo de respuesta penal urgente del estudio ante detenciones, allanamientos, incautaciones y citaciones próximas. Para solicitar atención, llame al +56 9 5219 5001 e indique dónde ocurre la situación y cuál es la diligencia o audiencia más cercana.
La atención de urgencias está disponible 24/7 y comienza con una evaluación inicial y un plan de actuación según la situación. Las 36 horas organizan las etapas de trabajo desde la activación; no son un plazo legal ni una espera para recibir asistencia. La prioridad se define por la urgencia concreta. La atención comprende Iquique y la macrozona norte, con coordinación remota para asuntos en otras regiones.
¿Cuándo activar el protocolo?
Solicite atención de urgencia mediante el protocolo Crisis 36 horas ante cualquiera de las siguientes situaciones:
- AllanamientoEntrada y registro de una empresa, oficina, vivienda o vehículo, ordenado por el Juzgado de Garantía o por la Fiscalía en hipótesis de flagrancia.
- IncautaciónDe documentos físicos o equipos electrónicos en una diligencia investigativa.
- DetenciónDe un ejecutivo, profesional o particular por delito penal económico, funcionario o de cualquier otra naturaleza.
- FormalizaciónNotificación inminente o citación a declarar como imputado.
- Congelamiento UAFCongelamiento administrativo de cuentas u operaciones por parte de la Unidad de Análisis Financiero.
- Investigación administrativaInicio de procedimiento con derivación penal previsible: SII, Aduanas, CMF o Contraloría.
- Filtración mediáticaFuga de información que comprometa una situación jurídica preexistente.
- Citación urgenteComparecencia inmediata ante el Ministerio Público sin tiempo razonable de preparación.
¿Qué hace el equipo en las primeras 36 horas?
Las etapas siguientes orientan el trabajo desde la activación del protocolo. Su ejecución se ajusta a la urgencia, la ubicación, el acceso a los antecedentes y las diligencias del caso. Al evaluar la situación se acuerdan las actuaciones y los plazos aplicables.
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Primera hora
Contacto inicial y contención
Contacto telefónico inicial; identificación del afectado, del lugar del hecho y de la entidad investigadora; instrucciones inmediatas de comportamiento (derecho a guardar silencio, derecho a defensor, preservación de evidencia, no destrucción de soportes).
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Primeras 6 horas
Despliegue presencial
Acceso al imputado detenido. Examen preliminar de la orden judicial o de la actuación de la Fiscalía. Identificación de los funcionarios intervinientes y de los registros levantados, cuando la oportunidad procesal lo permita.
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Primeras 12 horas
Reconstrucción y aseguramiento
Reconstrucción documental del hecho; entrevista a testigos relevantes; registro audiovisual de la diligencia cuando corresponda; aseguramiento de soportes digitales no incautados; comunicación con el directorio o el órgano de administración.
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Primeras 24 horas
Tesis jurídica de contención
Diseño de la primera tesis jurídica de contención; preparación de la audiencia de control de detención cuando proceda; coordinación con peritos de confianza (informático forense, contable, financiero); comunicación con áreas conexas (relaciones públicas, cumplimiento, RR.HH.) siempre bajo control jurídico.
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Hora 36
Informe ejecutivo de contingencia
Entrega al cliente, en formato escrito, de: descripción del hecho, marco jurídico aplicable, riesgos identificados, hipótesis defensivas en construcción, hoja de ruta procesal de los siguientes treinta días y propuesta de honorarios para la asunción del mandato completo.
Errores frecuentes que el protocolo previene
En la práctica en materia penal económica, observamos con regularidad los siguientes errores en las primeras horas, todos ellos prevenibles mediante activación oportuna del protocolo:
- Declaraciones autoincriminatorias prestadas sin asistencia técnica.
- Entrega voluntaria de documentación no requerida formalmente.
- Destrucción o modificación de soportes documentales o digitales —constitutiva de obstrucción a la justicia—.
- Omisión de objeción a actuaciones jurídicamente cuestionables (alcance de la orden, identificación de los funcionarios, cadena de custodia).
- Comunicaciones internas indiscriminadas que comprometen el privilegio profesional.
- Declaraciones públicas o respuestas mediáticas precipitadas, sin coordinación con la estrategia jurídica.
Cobertura y operación
El protocolo opera veinticuatro horas al día, los siete días de la semana. La activación se efectúa por vía telefónica directa al número de emergencia institucional +56 9 5219 5001.
La cobertura comprende Iquique y la macrozona norte con respuesta presencial, y todo el territorio nacional con atención remota de urgencia. La necesidad y los plazos de un desplazamiento presencial se evalúan según la ubicación y las diligencias del caso.
Datos que ayudan a priorizar una urgencia
- Comunique el lugar de la diligencia, el organismo interviniente y la situación de la persona afectada.
- Indique la hora de la detención o de la notificación y la próxima audiencia, si la conoce.
- Tenga identificada la orden, citación o resolución recibida, sin alterar documentos ni equipos.
En el primer contacto basta con describir la situación y los plazos. Antes de remitir antecedentes sensibles, acuerde con el estudio el canal adecuado. Puede consultar las vías de contacto y los criterios para evaluar honorarios.
Preguntas frecuentes
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La activación inicial y el contacto telefónico de emergencia son gratuitos. La asunción posterior del mandato profesional se documenta mediante propuesta honoraria específica, que se entrega como parte del informe ejecutivo de las treinta y seis horas. En ningún caso la urgencia condiciona la calidad técnica ni la transparencia de la relación honoraria.
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Sí. La activación puede efectuarla un familiar, un colega, un órgano de administración o cualquier persona con interés legítimo, además de que la asunción formal del mandato se documente con el imputado o con la entidad representada conforme a las reglas generales del mandato y del secreto profesional.
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Sí, en forma específicamente diseñada para ello. La línea de emergencia opera continuamente y nuestro equipo está configurado para responder fuera del horario hábil, en fines de semana y días festivos, dado que las situaciones críticas en materia penal económica no observan calendario.
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La activación del protocolo no obliga a continuar con el mandato. En caso de que el diagnóstico inicial concluya que la situación no requiere intervención técnica prolongada, entregamos el informe ejecutivo con esa conclusión y cierre del asunto, sin compromiso ulterior.
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La intervención queda amparada por el secreto profesional desde el primer contacto, en los términos del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Chile y de las normas aplicables al ejercicio profesional.
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