Contrabando en la Zona Franca de Iquique: por qué ya no es sólo un asunto aduanero
La Ley de Delitos Económicos incorporó cuatro disposiciones de la Ordenanza de Aduanas a su segunda categoría, bajo una condición empresarial que la operativa de Zofri satisface casi por definición.
- Delitos aduaneros
- Zona Franca de Iquique
- Ley N° 21.595
- Responsabilidad penal de la empresa
Una advertencia sobre las fuentes de este artículo
Este despacho no cita normas de memoria. Todo texto legal que aquí se reproduce entre comillas procede del corpus normativo curado del estudio, extraído de los XML oficiales de la Biblioteca del Congreso Nacional con registro de identificador de norma, de parte y de versión por artículo.
Límite declarado La Ordenanza de Aduanas no forma parte de ese corpus, y al preparar este trabajo no fue posible obtener su XML oficial. En consecuencia, el artículo identifica las disposiciones aduaneras relevantes por su numeración, porque esa enumeración consta literalmente en el texto verificado de la Ley N° 21.595, pero no reproduce ni parafrasea su contenido. Quien necesite el texto de esas disposiciones debe acudir a LeyChile. Preferimos un artículo con un vacío declarado a uno completo por aproximación.
La buena noticia, para el lector, es que lo decisivo no está en el texto de la Ordenanza sino en lo que la Ley de Delitos Económicos hizo con ella. Y eso sí consta verificado.
Qué cuatro disposiciones cambiaron de régimen
Texto verificado El artículo 2 de la Ley N° 21.595 define la segunda categoría de delitos económicos. Su encabezado dispone que serán considerados tales «los hechos previstos en las disposiciones legales que a continuación se indican, siempre que el hecho fuere perpetrado en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fuere en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa».
Y su número 3 enumera: «El inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley N° 213 del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas».
De esa sola disposición se extraen dos datos que conviene fijar. El primero es de identificación: la Ordenanza de Aduanas vigente es el decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, texto refundido del DFL N° 213 de 1953; no es una ley numerada, y citarla como tal es un error frecuente en escritos. El segundo es de perímetro: las disposiciones que la Ley de Delitos Económicos atrajo a su órbita son cuatro, no la Ordenanza entera. Fuera de ellas, la infracción aduanera conserva su régimen propio.
Conclusión La primera tarea de la defensa, por tanto, es registral antes que argumentativa: establecer con precisión bajo qué disposición de la Ordenanza se formula la imputación. Si no es alguna de esas cuatro, el régimen especial de la Ley N° 21.595 sencillamente no se activa, y buena parte de lo que sigue en este artículo deja de ser aplicable.
«En beneficio de una empresa»: la condición que Zofri cumple sola
La incorporación del número 3 no es incondicionada. Opera sólo si el hecho se perpetró «en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa», o «en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa». Es un requisito del encabezado del artículo 2, y por tanto exigible respecto de cada uno de sus numerales.
Conclusión En la generalidad de las operaciones de Zona Franca esa condición se cumple por la estructura misma del régimen. Operar en Zofri supone la calidad de usuario, y esa calidad se ejerce a través de una persona jurídica o de una actividad empresarial formalizada; las mercancías se internan, almacenan y reexpiden en el marco de una operación comercial. Quien incurre en una de las cuatro disposiciones citadas lo hace, casi siempre, desempeñando una función en una empresa o para beneficio de ella.
Indiciario De ahí se sigue una diferencia práctica entre dos escenarios que el discurso público confunde con frecuencia. El viajero que ingresa mercancía no declarada por un paso fronterizo, actuando por cuenta propia y sin estructura empresarial detrás, difícilmente satisface la condición del artículo 2. El usuario de Zona Franca que sub-declara valor en una operación de reexpedición, en cambio, la satisface con naturalidad. Ambos casos pueden describirse coloquialmente como «contrabando»; jurídicamente, desde 2023, pertenecen a mundos distintos.
El artículo 6, y la trampa del grupo empresarial
Existe una puerta de salida, y es la defensa más valiosa que la propia ley ofrece en esta materia. Texto verificado El artículo 6 dispone: «Las disposiciones de los Títulos II y III no serán aplicables a los delitos considerados como económicos conforme a los artículos 2 y 3 y a los números 2 y 3 del artículo 4 que se perpetren en el contexto o en beneficio de una empresa que tenga el carácter de micro o pequeña empresa conforme al artículo segundo de la ley N° 20.416».
El alcance es considerable. El Título II contiene todo el régimen de penas y consecuencias adicionales —multa obligatoria, inhabilitaciones, el régimen especial de determinación y el de penas sustitutivas—, y el Título III regula el comiso de ganancias. Que ambos Títulos resulten inaplicables significa que el hecho sigue siendo delito y sigue penado, pero queda fuera del aparato agravado que la Ley de Delitos Económicos construyó.
El inciso segundo del mismo artículo 6 contiene la contrapartida, y es donde se pierden la mayoría de estas defensas: «En el caso de que la empresa involucrada forme parte de un grupo empresarial, deberán sumarse los ingresos del grupo para determinar si califica como micro o pequeña empresa conforme a la disposición antes citada. Por grupo empresarial se entenderá lo dispuesto en el artículo 96 de la ley N° 18.045».
Conclusión En Zona Franca, donde las estructuras de varias sociedades vinculadas son la regla y no la excepción —sociedad usuaria, sociedad de transporte, sociedad inmobiliaria, a veces sociedad relacionada en el extranjero—, la suma de ingresos del grupo neutraliza la exención con frecuencia. Riesgo jurídico Alegar la calidad de micro o pequeña empresa sin haber construido antes el mapa societario completo es un error que, además de fracasar, entrega a la Fiscalía un reconocimiento implícito sobre la estructura del grupo. El análisis debe hacerse en este orden: primero el perímetro del grupo conforme al artículo 96 de la Ley N° 18.045, después la suma de ingresos, y sólo entonces la decisión de invocar el artículo 6.
Qué cambia cuando el régimen sí se aplica
Descartada la salida del artículo 6, la calificación como delito económico arrastra consecuencias que no dependen del criterio del tribunal.
Texto verificado La primera es la multa. «Todo delito económico conlleva además una pena de multa, cuya cuantía y determinación se establecerá conforme a la presente ley, así como la imposición de las inhabilitaciones y prohibiciones previstas en el Párrafo 5 del presente Título.» Y el mismo artículo 10 añade la frase que conviene subrayar: «Ni la multa ni las prohibiciones e inhabilitaciones podrán ser sustituidas». La multa no es una alternativa a la pena privativa: se acumula a ella, se calcula en días-multa según la extensión de la pena corporal, y no admite sustitución.
La segunda es el régimen de penas sustitutivas. El artículo 19 establece que «la procedencia de penas sustitutivas a las de presidio o reclusión se determinará de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes», y que las disposiciones de la Ley N° 18.216 «sólo serán aplicables supletoriamente respecto de los aspectos no regulados en esta ley y en la medida en que no se opongan a ella». Conclusión El cálculo de una eventual pena sustitutiva en un caso de contrabando empresarial no puede hacerse con el esquema tradicional de la Ley N° 18.216: ese esquema pasó a ser supletorio y cede frente al régimen especial. Es una de las razones por las que este despacho ejecuta la determinación de penas con un motor determinístico y no por aproximación.
La tercera es el comiso de ganancias del Título III, que el artículo 6 también excluye para la micro y pequeña empresa, y que en materia aduanera adquiere particular relevancia porque el objeto del delito suele tener un valor económico documentado con precisión por la propia operación comercial.
La frase de cuatro palabras que expone a la persona jurídica
Aquí está, a mi juicio, el punto menos advertido de toda esta arquitectura, y el que más conviene que conozca un directorio.
Texto verificado El artículo 1° de la Ley N° 20.393, en la redacción que le dio la Ley de Delitos Económicos, enumera los delitos por los cuales la persona jurídica responde penalmente, y su número 1 señala: «Los delitos a que se refieren los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley de Delitos Económicos, sean o no considerados como delitos económicos por esa ley».
Conclusión Esas últimas palabras separan dos planos que la intuición tiende a unir. El catálogo de la Ley N° 20.393 remite a los hechos previstos en los artículos 1 a 4 de la Ley N° 21.595, no a su calificación como delitos económicos. De ello se sigue que la exención del artículo 6 —que opera sobre los Títulos II y III de la Ley de Delitos Económicos— no excluye la responsabilidad penal de la persona jurídica. Una sociedad usuaria de Zona Franca que califique como pequeña empresa puede quedar fuera del régimen agravado de penas y comiso, y seguir respondiendo penalmente ella misma conforme a la Ley N° 20.393 por los mismos hechos de los artículos 168, 169, 182 o 134, inciso quinto, de la Ordenanza.
Riesgo jurídico La consecuencia operativa es que la defensa de la persona natural y la de la sociedad no pueden construirse como una sola. Invocar el carácter de pequeña empresa beneficia al imputado persona natural en el plano de las penas, y no protege a la sociedad. Peor aún: el material probatorio que se produce para acreditar el tamaño de la empresa —estados financieros, estructura societaria, volumen de operaciones— es exactamente el material que resulta útil para sostener la imputación contra la persona jurídica. Una defensa conjunta mal diseñada entrega, con la mano izquierda, lo que gana con la derecha.
Las modificaciones que la Ley N° 21.595 introdujo en la Ley N° 20.393 no rigieron desde la publicación. El artículo 60 de la Ley de Delitos Económicos dispuso que entrarían en vigor «el primer día del decimotercer mes siguiente al de su publicación». Indiciario Publicada la ley el 17 de agosto de 2023, el cómputo conduce al 1 de septiembre de 2024; la fecha exacta debe confirmarse antes de invocarla en un escrito, porque de ella depende qué régimen de responsabilidad corporativa resulta aplicable a cada hecho.
El eslabón siguiente: la cuarta categoría
El contrabando empresarial rara vez se investiga solo. Si existe aprovechamiento económico posterior, entra en juego el artículo 4 de la Ley N° 21.595.
Texto verificado Esa disposición considera delitos económicos los hechos del artículo 456 bis A del Código Penal y del artículo 27 de la Ley N° 19.913 «cuando los hechos de los que provienen las especies, además de ser constitutivos de los delitos a que se refieren los artículos citados precedentemente», sean, entre otros supuestos, «constitutivos de alguno de los delitos señalados en los artículos 2 y 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren perpetrados en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o cuando lo fueren en beneficio económico o de otra naturaleza para una empresa» (artículo 4, número 3).
Conclusión El encadenamiento queda así cerrado: el hecho aduanero del artículo 2, número 3, puede operar como delito base del lavado de la cuarta categoría cuando ese lavado se perpetra también en contexto empresarial. Para una operación de Zona Franca, eso significa que la trazabilidad de los fondos —a dónde fue el margen generado por la sub-declaración, en qué sociedad se registró, cómo se documentó— deja de ser una cuestión contable y pasa a ser el núcleo de una segunda imputación, con su propio régimen de comiso.
Qué ley se aplica a hechos de hace cinco años
Las investigaciones aduaneras en Zona Franca se construyen habitualmente sobre series largas de operaciones, de modo que es común que un mismo expediente comprenda hechos anteriores y posteriores a agosto de 2023. La regla aplicable está en el artículo 66.
Texto verificado «Los hechos perpetrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, las penas y las demás consecuencias que corresponda imponer por ellos, serán determinados conforme a la ley vigente al momento de su perpetración. Si la aplicación de esta ley resulta más favorable al imputado o acusado por un hecho perpetrado con anterioridad a su entrada en vigor, se estará a lo dispuesto en ella.»
Conclusión La formulación es la de la retroactividad favorable, pero su aplicación en esta materia no es mecánica, porque el régimen de la Ley N° 21.595 es simultáneamente más gravoso en unos aspectos —multa no sustituible, inhabilitaciones, comiso ampliado— y potencialmente más benigno en otros, según cómo operen las atenuantes de sus artículos 13 y 14 y el régimen de determinación de su artículo 12 en el caso concreto. La comparación debe hacerse hecho por hecho y resultado por resultado, no en bloque. Es una de las operaciones donde el cálculo asistido muestra con más claridad su utilidad frente a la estimación intuitiva.
Lo que debe establecerse en los primeros días
El orden que sigue refleja la secuencia lógica de las normas examinadas: sin resolver el primer punto, los siguientes no tienen respuesta.
- Identificar la disposición exacta de la Ordenanza invocada. Sólo el inciso quinto del artículo 134 y los artículos 168, 169 y 182 del DFL N° 30, de 2004, activan el régimen del artículo 2, número 3. Si la imputación descansa en otra disposición, la discusión es distinta.
- Datar cada hecho. El artículo 66 obliga a separar los anteriores y los posteriores a la entrada en vigor, y las modificaciones a la Ley N° 20.393 tienen además su propia fecha conforme al artículo 60, número 1°.
- Construir el mapa societario antes de invocar el artículo 6. Perímetro del grupo conforme al artículo 96 de la Ley N° 18.045, suma de ingresos, y sólo entonces decidir si la calidad de micro o pequeña empresa es sostenible.
- Separar desde el primer día la defensa de la sociedad y la de las personas naturales. El número 1 del artículo 1° de la Ley N° 20.393 hace responder a la persona jurídica por los hechos de los artículos 1 a 4 de la Ley de Delitos Económicos «sean o no considerados como delitos económicos», de modo que las estrategias divergen desde el inicio.
- Trazar el destino del margen económico. Determina si habrá o no una imputación de cuarta categoría conforme al artículo 4, número 3, y condiciona la exposición al comiso del Título III.
- Revisar el modelo de prevención de delitos de la sociedad usuaria. No como ejercicio de cumplimiento abstracto, sino verificando si cubre específicamente las figuras aduaneras ahora incorporadas al catálogo.
- Ejecutar el cálculo de pena con el régimen especial, no con la Ley N° 18.216. El artículo 19 la relegó a aplicación supletoria, y el resultado determina qué salidas procesales están realmente disponibles.
De infracción aduanera a delito económico
La Ley N° 21.595 no creó figuras nuevas de contrabando. Hizo algo de consecuencias más amplias: tomó cuatro disposiciones de la Ordenanza de Aduanas, las sometió a una condición de contexto empresarial que la operativa de Zona Franca satisface casi siempre, y con ello trasladó esos hechos desde el régimen aduanero clásico hacia un aparato de penas, inhabilitaciones y comiso diseñado para la criminalidad económica.
Conclusión Para Iquique eso tiene un significado particular. Una porción relevante de la actividad económica de la región se desarrolla en un régimen —el de Zona Franca— cuya estructura empresarial activa, por su sola configuración, la condición del artículo 2. Operaciones que durante décadas se discutieron en clave de infracción aduanera y de sanción administrativa se discuten hoy, cuando concurre esa condición, en clave de delito económico, con responsabilidad penal de la persona jurídica incluida y sin que la exención de la pequeña empresa la cubra.
Haber dirigido durante veintiún años investigaciones de alta complejidad en Tarapacá, incluidas causas de contrabando a través de Zona Franca, deja una convicción sobre esta materia: las defensas que funcionan no son las que discuten el fondo en el juicio, sino las que, en las primeras semanas, establecen con precisión bajo qué régimen se está litigando. En contrabando empresarial, esa pregunta tiene hoy una respuesta distinta de la que tenía en 2022.
Fuentes
- Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos, arts. 2 (N° 3), 4 (N° 3), 6, 10, 19, 60 (N° 1°) y 66. Texto verificado contra el XML oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional (LeyChile), idNorma 1195119, versión de la norma de 29 de septiembre de 2025. Ley publicada el 17 de agosto de 2023.
- Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, art. 1°, inciso segundo, N° 1, en su redacción vigente. Texto verificado contra el XML oficial de LeyChile, idNorma 1008668.
- Decreto con fuerza de ley N° 30, de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Ordenanza de Aduanas (texto refundido del DFL N° 213, de 1953): arts. 134, inciso quinto, 168, 169 y 182. Identificados, no citados: este cuerpo legal no forma parte del corpus curado del estudio y no fue posible obtener su XML oficial al preparar este trabajo. Su texto debe consultarse directamente en LeyChile.
- Normas citadas por remisión y no verificadas en este trabajo: Ley N° 20.416, art. segundo (estatuto de micro y pequeña empresa); Ley N° 18.045, art. 96 (grupo empresarial); Ley N° 18.216 (penas sustitutivas); Código Penal, art. 456 bis A; Ley N° 19.913, art. 27.
- Nota de método: las citas textuales provienen del corpus normativo curado del estudio, extraído de los XML oficiales de LeyChile con registro de hash, idNorma e idParte por artículo. La vigencia debe cotejarse en LeyChile antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.
Lectura complementaria: riesgos de lavado basado en comercio en el Corredor Bioceánico.
Las referencias normativas deben contrastarse contra el texto vigente en LeyChile (BCN) antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.
Áreas de práctica vinculadas
- Defensa en delitos aduaneros y operaciones de Zofri para asuntos de contrabando y comercio exterior.
- Defensa penal económica de empresas y ejecutivos para conocer la representación en investigaciones empresariales.
- Compliance y modelos de prevención del delito para revisar la prevención de riesgos en la empresa.
Trabajo original de Ríos & Ríos Asociados. Las citas normativas proceden del corpus curado del estudio, extraído de los XML oficiales de LeyChile.