Las primeras 36 horas tras una formalización por delito económico
La ley no fija plazo de 36 horas. Lo que hace decisivas esas horas es que una sola audiencia resuelve cuestiones que gobernarán los dos años siguientes, y que casi ninguna admite corrección posterior.
- Procedimiento penal
- Formalización
- Medidas cautelares
- Código Procesal Penal
Las 36 horas no son un plazo legal
Conviene decirlo al comienzo, porque de ello depende que el resto se entienda bien: el Código Procesal Penal no contempla plazo alguno de treinta y seis horas. Quien busque esa cifra en la ley no la encontrará. «Crisis 36 horas» es el nombre del protocolo de respuesta de este despacho —el compromiso de tener una defensa operativa en ese lapso—, no la denominación de una institución procesal.
Los plazos que sí fija la ley son otros. Si hay detención por orden judicial, el detenido debe ser conducido de inmediato ante el juez que expidió la orden, y si ello no es posible por no ser hora de despacho, la permanencia en el recinto policial «en caso alguno excederá las veinticuatro horas» (artículo 131, inciso primero, del Código Procesal Penal). Si la detención se practicó por flagrancia, la policía debe informar al Ministerio Público dentro de un máximo de doce horas, y el fiscal puede dejarla sin efecto u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro de un máximo de veinticuatro horas contadas desde que la detención se practicó (artículo 131, inciso segundo).
A esa primera audiencia debe concurrir el fiscal o el abogado asistente del fiscal, y su ausencia da lugar a la liberación del detenido, aunque el juez puede suspender la audiencia por un plazo breve y perentorio no superior a dos horas para permitir su concurrencia (artículo 132, inciso primero). Son plazos exigibles y verificables. Las treinta y seis horas, en cambio, son una convención de trabajo: el tiempo dentro del cual una defensa que llega tarde deja de ser defensa y pasa a ser administración de lo ya perdido.
Conclusión La cifra importa no por su fuente, que es privada, sino por lo que mide: el intervalo en que todavía es posible incidir sobre decisiones que después se vuelven prácticamente irreversibles. Lo que sigue explica cuáles son esas decisiones y por qué se concentran en un solo acto.
Qué es formalizar, y qué no es
Texto verificado «La formalización de la investigación es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado, en presencia del juez de garantía, de que desarrolla actualmente una investigación en su contra respecto de uno o más delitos determinados» (artículo 229 del Código Procesal Penal).
La definición legal es deliberadamente modesta: una comunicación. No es una acusación, no es una condena, no contiene pronunciamiento alguno del tribunal sobre el fondo. El juez de garantía está presente, pero no resuelve sobre la imputación: la presencia judicial da solemnidad y control al acto, no lo convalida. Conviene insistir en esto con los clientes, porque la experiencia de ser formalizado se vive, casi siempre, como una condena anticipada, y esa percepción conduce a decisiones apresuradas en el peor momento posible.
La oportunidad queda, en principio, entregada al criterio del fiscal, que «podrá formalizar la investigación cuando considerare oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial». Pero el inciso segundo del artículo 230 contiene la regla que de verdad gobierna los tiempos en materia económica: «cuando el fiscal debiere requerir la intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias de investigación, la recepción anticipada de prueba o la resolución sobre medidas cautelares, estará obligado a formalizar la investigación, a menos que lo hubiere realizado previamente».
Conclusión De ahí se sigue una consecuencia práctica que suele pasarse por alto. En las investigaciones por delito económico, donde las diligencias relevantes —levantamiento del secreto bancario, incautación de documentación contable, registro de domicilios y oficinas, medidas cautelares reales— exigen autorización judicial, el fiscal no puede dilatar indefinidamente la formalización sin renunciar a las herramientas que necesita. La formalización no es, por tanto, un acto discrecional puro: está funcionalmente atada al momento en que la investigación requiere intervención del juez. Anticipar ese momento es una de las tareas analíticas más rentables de la defensa temprana.
Lo que ocurre, y en qué orden
El artículo 232 fija una secuencia breve y de consecuencias desproporcionadas respecto de su brevedad. El juez ofrece la palabra al fiscal «para que exponga verbalmente los cargos que presentare en contra del imputado y las solicitudes que efectuare al tribunal». Enseguida, «el imputado podrá manifestar lo que estimare conveniente». A continuación, «el juez abrirá debate sobre las demás peticiones que los intervinientes plantearen».
Tres observaciones sobre esa secuencia. La primera: el fiscal expone cargos y solicitudes en el mismo acto. En materia económica, esas solicitudes son habitualmente cautelares, y llegan trabajadas con semanas o meses de antelación. La segunda: la facultad del imputado de «manifestar lo que estimare conveniente» es exactamente eso, una facultad, y su ejercicio irreflexivo es una de las fuentes más frecuentes de daño irreparable; el artículo 93, letra g), reconoce el derecho a guardar silencio o, consintiendo en declarar, a no hacerlo bajo juramento. La tercera: el debate sobre «las demás peticiones» es la única ventana real de la defensa, y lo que no se pida ahí, en general, no se obtiene después.
El artículo 232, inciso final, añade una vía que rara vez se utiliza: el imputado «podrá reclamar ante las autoridades del ministerio público (…) de la formalización de la investigación realizada en su contra, cuando considerare que ésta hubiere sido arbitraria». Es un reclamo administrativo ante la propia Fiscalía, no un recurso jurisdiccional, y su eficacia práctica es limitada. Indiciario Con todo, su interposición deja constancia formal de una objeción que puede resultar útil más adelante, y en causas de alta exposición pública tiene un efecto disciplinante que no conviene descartar de plano.
La libertad se juega en esa misma audiencia
Texto verificado La prisión preventiva sólo procede «una vez formalizada la investigación», a petición del Ministerio Público o del querellante, y exige que el solicitante acredite tres requisitos copulativos: antecedentes que justifiquen la existencia del delito; antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado; y «antecedentes calificados» que permitan considerar la medida indispensable para el éxito de diligencias precisas y determinadas, o que la libertad sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido, o que exista peligro de fuga (artículo 140, inciso primero, letras a, b y c).
En delito económico, la discusión se concentra casi siempre en la letra c), y dentro de ella en dos hipótesis. La primera es el entorpecimiento: el inciso segundo entiende que la medida es indispensable para el éxito de la investigación «cuando existiere sospecha grave y fundada de que el imputado pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba; o cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente». Es una hipótesis que la Fiscalía invoca con naturalidad cuando el imputado conserva control sobre la documentación contable o sobre el personal de la empresa, y cuya réplica más sólida no es retórica sino fáctica: acreditar que la documentación ya fue incautada o entregada, y que el control sobre terceros ha cesado.
La segunda es la gravedad. El inciso cuarto establece que se entenderá especialmente que la libertad constituye peligro para la seguridad de la sociedad «cuando los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la ley que los consagra». Conclusión La consecuencia para la defensa económica es directa: la calificación jurídica que proponga el fiscal en la audiencia no es una cuestión dogmática aplazable para el juicio, porque de ella depende que opere o no esa hipótesis reforzada. Discutir el encuadre típico en la formalización misma —y no después— es, muchas veces, discutir la libertad.
Cuando la prisión preventiva no procede o no se solicita, el artículo 155 ofrece un catálogo de medidas menos intensas, también disponible sólo «después de formalizada la investigación»: privación de libertad total o parcial en el domicilio, sujeción a vigilancia, obligación de presentarse periódicamente, prohibición de salir del país o del territorio que fije el tribunal, prohibición de asistir a determinados lugares y prohibición de comunicarse con personas determinadas, «siempre que no se afectare el derecho a defensa». En causas con estructura empresarial, la prohibición de salida del país y la de comunicarse con determinadas personas suelen tener un impacto operativo mayor que el que el cliente anticipa, y conviene que la defensa llegue con una propuesta alternativa concreta antes que oponerse en bloque.
Los dos años, y la ventana que se cierra ese día
Texto verificado El artículo 233 enumera tres efectos de la formalización: suspende el curso de la prescripción de la acción penal conforme al artículo 96 del Código Penal; comienza a correr el plazo previsto en el artículo 247; y el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente el procedimiento.
El plazo del artículo 247 es de dos años desde la fecha de formalización, vencido el cual el fiscal «deberá proceder a cerrarla». Si no lo hace, el imputado o el querellante pueden solicitar al juez que lo aperciba; el juez cita a audiencia; si el fiscal no comparece se le otorga un plazo máximo de dos días para pronunciarse; y transcurrido ese plazo sin pronunciamiento, o si compareciendo se niega a cerrar, «el juez decretará el sobreseimiento definitivo de la causa». Si el fiscal se allana al cierre, tiene diez días para acusar, y vencido ese término se abre un plazo último de dos días bajo la misma sanción de sobreseimiento definitivo.
Ese plazo de dos años se suspende en tres casos tasados: cuando se dispone la suspensión condicional del procedimiento; cuando se decreta sobreseimiento temporal; y desde que se alcanza un acuerdo reparatorio hasta el cumplimiento o garantía de las obligaciones contraídas a favor de la víctima. Conclusión Vale la pena reparar en ello antes de celebrar una salida alternativa: dos de los tres supuestos de suspensión del plazo son salidas que la propia defensa suele impulsar, de modo que quien negocia una suspensión condicional está, al mismo tiempo, deteniendo el reloj que juega a su favor.
Y aquí está, a mi juicio, lo que de verdad hace decisiva la audiencia. El artículo 234 permite al juez de garantía, «de oficio o a petición de alguno de los intervinientes y oyendo al ministerio público», fijar «en la misma audiencia» un plazo para el cierre de la investigación, más breve que el legal, cuando lo considere necesario para cautelar las garantías de los intervinientes y siempre que las características de la investigación lo permitan. Vencido ese plazo judicial se producen los mismos efectos del artículo 247.
Conclusión La expresión «en la misma audiencia» es el núcleo del problema. La defensa que no solicita plazo judicial en la formalización deja operar, por omisión, el plazo supletorio de dos años. En una investigación por delito económico —con pericias contables, informes de la Unidad de Análisis Financiero, exhortos y, con frecuencia, cooperación internacional— dos años de investigación formalizada significan dos años de medidas cautelares vigentes, de exposición reputacional y de operación empresarial condicionada. Pedir un plazo más breve no siempre es aconsejable, porque también comprime el tiempo de la propia defensa para producir prueba de descargo; pero es una decisión que debe tomarse deliberadamente, con el cálculo hecho de antemano, y no por defecto al no plantearla.
Acceso a la carpeta y proposición de diligencias
La formalización no sólo impone cargas: habilita herramientas que antes no estaban plenamente disponibles. Dos son centrales en los primeros días.
Texto verificado La primera es el acceso a la carpeta. Las actuaciones de investigación «serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento», pero «el imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial» (artículo 182, incisos primero y segundo). El fiscal puede decretar secreto sobre determinadas piezas respecto del imputado cuando lo considere necesario para la eficacia de la investigación, pero debe identificar las piezas afectadas y fijar un plazo no superior a cuarenta días, ampliable por una sola vez e igual período con motivos fundados; y el inciso tercero precisa que «esta ampliación no será oponible ni al imputado ni a su defensa».
El inciso quinto fija además un núcleo que no admite reserva en ningún caso: no se puede decretar secreto sobre la declaración del imputado, sobre cualquier otra actuación en que hubiere intervenido o tenido derecho a intervenir, sobre las actuaciones en que participare el tribunal, ni sobre los informes de peritos, respecto del propio imputado o de su defensor. Y el inciso cuarto permite solicitar al juez de garantía que ponga término al secreto o que lo limite en su duración, en las piezas abarcadas o en las personas afectadas. Conclusión La solicitud de copia íntegra de la carpeta, y la impugnación del secreto que exceda su perímetro legítimo, deben presentarse de inmediato: cada día de retraso es un día menos de los cuarenta sobre los que se puede discutir.
Texto verificado La segunda herramienta es la proposición de diligencias. Durante la investigación, el imputado y los demás intervinientes «podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes a la solicitud y ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes». Si el fiscal rechaza la solicitud o no se pronuncia en ese plazo, puede reclamarse ante las autoridades del Ministerio Público dentro de cinco días contados desde el rechazo o desde el vencimiento (artículo 183).
Conclusión El artículo 183 es, en materia económica, más valioso de lo que su redacción sugiere, por una razón de orden práctico: obliga al fiscal a pronunciarse por escrito y dentro de plazo sobre diligencias que la defensa considera conducentes. Una solicitud bien construida —pericia contable sobre un período determinado, incorporación de documentación tributaria que explique el flujo cuestionado, declaración de un tercero que acredite la causa del pago— produce uno de dos resultados útiles: la diligencia se practica, o queda registrado que el Ministerio Público se negó a practicarla. Ambos sirven. El segundo, a veces más.
Por qué el cálculo de pena debe hacerse el primer día
La suspensión condicional del procedimiento procede a solicitud del fiscal con acuerdo del imputado, y exige tres condiciones copulativas: que «la pena que pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad»; que el imputado no haya sido condenado anteriormente por crimen o simple delito; y que no tenga vigente otra suspensión condicional, o que hayan transcurrido más de tres años desde la resolución que decretó la anterior, al momento de verificarse los hechos del nuevo proceso (artículo 237, incisos primero y tercero). La presencia del defensor en la audiencia en que se ventila la solicitud «constituirá un requisito de validez de la misma».
El primer requisito es el que decide casi todo en materia económica, y es también el que con más frecuencia se evalúa mal. No se trata de la pena asignada en abstracto al tipo penal, sino de la pena que concretamente podría imponerse, lo que obliga a recorrer el itinerario completo de determinación: grado de desarrollo, participación, circunstancias modificatorias concurrentes y las reglas de determinación aplicables, incluidas las que introdujo la Ley N° 21.595 sobre delitos económicos para los ilícitos comprendidos en su ámbito.
Conclusión Este despacho no estima penas por aproximación. El cálculo se ejecuta con el motor determinístico de determinación de penas que mantenemos, porque la diferencia entre tres años y tres años y un día es la diferencia entre una salida alternativa disponible y una causa que necesariamente va a juicio o a procedimiento abreviado. Ese cálculo debe estar hecho antes de la audiencia de formalización, no después, porque condiciona todo lo demás: la posición sobre las cautelares, la conveniencia de pedir plazo judicial de cierre y la decisión sobre si conviene siquiera explorar una negociación.
Riesgo jurídico Conviene además advertir una asimetría temporal. La suspensión condicional suspende el plazo de dos años del artículo 247, según su inciso final, letra a). Aceptarla con condiciones gravosas y plazo largo puede resultar, en términos de carga efectiva sobre el cliente, más oneroso que sostener la causa. La comparación no debe hacerse entre «salida alternativa» y «condena», sino entre el conjunto completo de obligaciones y tiempo que impone cada camino.
Qué hace la defensa en ese intervalo
Lo que sigue no es una lista de buenas prácticas generales, sino el orden de prelación que aplicamos cuando el tiempo es el recurso escaso. Está construido sobre las normas citadas en las secciones anteriores.
- Fijar la posición sobre la declaración antes de entrar a la audiencia. El artículo 93, letra g), reconoce el derecho a guardar silencio. La decisión de declarar o no debe estar tomada, por escrito y con el cliente, antes de que el juez ofrezca la palabra; improvisarla en sala es el error más caro y el menos reversible.
- Anticipar la solicitud cautelar del fiscal y preparar la alternativa. Si la hipótesis será entorpecimiento, acreditar que la documentación ya está incautada o entregada. Si será gravedad por pena de crimen, llevar discutida la calificación jurídica. Oponerse sin ofrecer una medida del artículo 155 que satisfaga la finalidad invocada rara vez prospera.
- Decidir, con el cálculo de pena hecho, si se pide plazo judicial de cierre. El artículo 234 exige que se plantee en esa misma audiencia. No pedirlo es optar por los dos años del artículo 247, aunque la omisión no se haya razonado como una opción.
- Solicitar copia íntegra de la carpeta investigativa. Con fundamento en el artículo 182, inciso segundo, y pidiendo que se individualicen expresamente las piezas sobre las que se haya decretado secreto, con su plazo, para poder computar los cuarenta días y, si procede, impugnar ante el juez de garantía conforme al inciso cuarto.
- Presentar la primera solicitud de diligencias dentro de los primeros días. El artículo 183 abre un plazo de diez días para que el fiscal se pronuncie. Presentada temprano, la respuesta —o el silencio— llega mientras todavía hay margen para reaccionar.
- Asegurar la documentación contable y societaria antes de que se deteriore. No para sustraerla, lo que configuraría precisamente la hipótesis del artículo 140, inciso segundo, sino para que exista copia ordenada y trazable que permita a la defensa trabajar sobre la misma base que la Fiscalía.
- Separar desde el inicio la posición de la empresa y la de las personas naturales. Cuando concurre responsabilidad penal de la persona jurídica, los intereses divergen antes de lo que las partes suelen reconocer, y una defensa conjunta mal planteada compromete a ambas.
Una audiencia que dura minutos y gobierna años
La audiencia de formalización es breve. El artículo 229 la define como una comunicación, y el artículo 232 la organiza en tres turnos de palabra. Esa brevedad engaña. En ese acto el Ministerio Público pierde la facultad de archivar provisionalmente, se suspende la prescripción, empieza a correr el plazo de dos años, se resuelve sobre la libertad del imputado y se abre —o se deja pasar— la única oportunidad de fijar un plazo judicial de cierre más breve.
Conclusión Ninguna de esas cuestiones admite reparación cómoda después. Por eso la defensa penal económica se juega, en una proporción que sorprende a quien no litiga en esta materia, antes de que el fiscal termine de exponer sus cargos. No porque exista un plazo de treinta y seis horas en la ley, sino porque el diseño del Código concentra en un solo acto decisiones cuyos efectos se extienden por los dos años siguientes, y porque las herramientas que el propio Código entrega a la defensa —los artículos 182, 183 y 234— sólo rinden si se activan de inmediato.
Haber dirigido investigaciones de alta complejidad durante veintiún años como Fiscal del Ministerio Público enseña, entre otras cosas, qué defensas resultaban incómodas y cuáles no. Las incómodas no eran las que recurrían más tarde: eran las que llegaban preparadas a la primera audiencia.
Fuentes
- Código Procesal Penal, arts. 93, 131, 132, 140, 155, 182, 183, 229, 230, 232, 233, 234, 237 y 247. Texto verificado contra el XML oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional (LeyChile), idNorma 176595, versión de la norma de 22 de julio de 2026.
- Código Penal, art. 96, en cuanto a la suspensión de la prescripción, por remisión del art. 233, letra a), del Código Procesal Penal.
- Ley N° 21.595 sobre Delitos Económicos, publicada el 17 de agosto de 2023, en cuanto a las reglas de determinación de pena aplicables a los ilícitos comprendidos en su ámbito.
- Nota de método: las citas textuales de este artículo provienen del corpus normativo curado del estudio, extraído desde los XML oficiales de LeyChile mediante procedimiento de curatoría con registro de hash e idParte por artículo. Los arts. 182 y 183 fueron curados expresamente para este trabajo el 7 de noviembre de 2026. La vigencia debe cotejarse en LeyChile antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.
Lectura complementaria: contrabando en Zona Franca bajo la Ley de Delitos Económicos.
Las referencias normativas deben contrastarse contra el texto vigente en LeyChile (BCN) antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.
Áreas de práctica vinculadas
- Respuesta penal urgente: protocolo Crisis 36 horas para consultar la atención ante una citación, detención o formalización.
- Defensa de empresas y ejecutivos en delitos económicos para conocer el alcance del servicio especializado.
- Representación de víctimas y defensa de imputados para distinguir los dos roles procesales.
Trabajo original de Ríos & Ríos Asociados. Las citas normativas proceden del corpus curado del estudio, extraído de los XML oficiales de LeyChile.