Inteligencia artificial y fiscalización tributaria en Chile

Desde hace algún tiempo, el Servicio de Impuestos Internos administra una herramienta de perfilamiento masivo denominada Clasificación de Riesgo Global (CRG), construida sobre 289 atributos que se asignan a cada contribuyente y que determinan, en la práctica, la selección de los segmentos a analizar, la priorización de los casos a fiscalizar y la intensidad de las acciones que sobre cada uno de ellos recaen, desde la simple facilitación hasta la auditoría, la sanción y, eventualmente, la querella. Se trata de un hecho de público conocimiento, reconocido por el propio Servicio en su Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario, y que conviene situar con precisión antes de extraer cualquier consecuencia jurídica.

El primer aspecto que corresponde observar es su contenido sustantivo: se trata del reconocimiento expreso, formulado por el propio órgano fiscalizador y hacia el interior de la Administración, del empleo de inteligencia artificial para la priorización de casos, la clasificación de riesgo y la focalización automatizada de la fiscalización. Su contenido es decisivo: convierte en hecho acreditado por documento oficial lo que, hasta su obtención, solo podía sostenerse por vía de inferencia a partir de manifestaciones públicas dispersas del Servicio. El contribuyente ya no depende de conjeturas para afirmar que su situación tributaria es procesada, en alguna medida, por sistemas algorítmicos.

El segundo aspecto, y el que reviste mayor interés crítico, es la fórmula defensiva que el propio instrumento articula. En efecto, el Oficio consigna que los fiscalizadores no «intervienen directamente» en la decisión final, formalizando así una separación entre el resultado que produce el sistema y el acto administrativo que finalmente lo recoge. Esta fórmula, lejos de disipar la inquietud jurídica, es precisamente la que la activa. La doctrina comparada, singularmente la elaborada a propósito de la práctica de la administración tributaria española, distingue con claridad entre intervención humana formal e intervención humana sustantiva: la primera se satisface con la sola firma de un funcionario al término del proceso; la segunda exige que dicho funcionario cuente con capacidad real, informada y no meramente ritual de revisar, cuestionar o modificar el resultado algorítmico. El propio Oficio Secreto N° 660 no acredita, en los antecedentes tenidos a la vista, cuál de las dos hipótesis se verifica en la práctica del Servicio, lo que instala una interrogante que no puede darse por resuelta a partir de la sola declaración institucional.

El tercer aspecto que merece observarse es el hecho, en sí mismo, de que este reconocimiento haya sido formulado mediante un oficio de carácter secreto. Que la propia Administración deba recurrir a la reserva para consignar por escrito una circunstancia de esta relevancia, el modo en que se fiscaliza a millones de contribuyentes, es un dato que, sin prejuzgar su legitimidad, contrasta con el estándar de transparencia proactiva que el propio Estado se ha impuesto mediante el Oficio Circular N° 711, de 2023, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que fija lineamientos de uso responsable, ético, seguro y transparente de herramientas de inteligencia artificial para los órganos de la Administración del Estado, con especial énfasis en los deberes de transparencia y explicabilidad frente a la ciudadanía. Y este contraste no descansa en una imputación genérica ni en una analogía forzada: consta, como hecho acreditado por el propio listado de distribución del instrumento, que el Servicio de Impuestos Internos figura individualizado bajo el numeral 86 entre los órganos destinatarios formales del Oficio Circular N° 711. El Servicio no fue, en consecuencia, receptor difuso de una recomendación dirigida en abstracto al aparato estatal; fue notificado, con nombre propio, como uno de los organismos llamados a observar los principios de transparencia y explicabilidad algorítmica que el propio instrumento consagra.

El cuarto aspecto surge de la lectura conjunta de los tres instrumentos referidos y es, a juicio de quien escribe, el que dota a este cuadro probatorio de su mayor densidad. El ORD. N° 1827/2026, de 14 de agosto de 2026, de la Subsecretaría de Hacienda, en su calidad de sucesora legal de la División de Gobierno Digital, conforme a la Ley N° 21.658, fue dictado precisamente en respuesta a una solicitud de acceso a la información orientada a esclarecer el seguimiento institucional del Oficio Circular N° 711 respecto del Servicio de Impuestos Internos. La respuesta da cuenta que entre el 1 de enero de 2023 y esa fecha no existió comunicación, requerimiento de información, indicador, auditoría técnica ni evaluación externa alguna que diera cuenta del grado de observancia, por parte del Servicio, de los lineamientos que le habían sido formalmente comunicados. La superposición de los tres instrumentos autoriza así una conclusión preliminar que resulta jurídicamente significativa: el mismo órgano que en 2023 fue individualizado como destinatario formal de los estándares de transparencia y explicabilidad algorítmica del Estado, era, según lo revela el Oficio Secreto N° 660, el que desplegaba el uso más intensivo de herramientas de inteligencia artificial con incidencia directa en la esfera del contribuyente, y era, al mismo tiempo, según indica ahora el ORD. N° 1827/2026, el único que jamás fue objeto de requerimiento, evaluación o auditoría alguna sobre el cumplimiento de dichos estándares. La herramienta más sofisticada del Servicio sería, así, paradójicamente, la menos fiscalizada, y ello pese a que su titular contaba, desde 2023, con conocimiento formal e individualizado de los lineamientos que debía observar.

El diagnóstico anterior adquiere una urgencia concreta con la entrada en plena vigencia, a contar del 1 de diciembre de 2026, de las disposiciones de la Ley N° 21.719 sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles. A partir de esa fecha, el ordenamiento chileno reconocerá de manera plena al titular de datos personales el derecho a solicitar explicación sobre la lógica aplicada, a oponerse a ser objeto de decisiones basadas exclusivamente en tratamiento automatizado y a exigir revisión humana efectiva. La brecha de gobernanza hoy acreditada, un órgano formalmente notificado de los estándares de transparencia algorítmica desde 2023, sin evaluación de impacto documentada, sin canal de impugnación específico y sin seguimiento institucional alguno durante más de tres años, deja de ser, desde esa fecha, una simple observación doctrinal para convertirse en un estándar normativo plenamente exigible.

1. Servicio de Impuestos Internos, Oficio Secreto N° 660, de 28 de julio de 2026, Subdirección de Fiscalización.
2. Ministerio Secretaría General de la Presidencia y Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Oficio Circular N° 711, de 2023.
3. Subsecretaría de Hacienda, ORD. N° 1827/2026, de 14 de agosto de 2026.
4. Normativa citada: Ley N° 21.719 sobre protección de datos personales; Ley N° 21.658.

Lectura complementaria: estándares de inteligencia artificial y compliance.

Las referencias normativas deben contrastarse contra el texto vigente en LeyChile (BCN) antes de su uso en un escrito dirigido a tribunal.